Botas y togas para el control social

SURda

Opinión

Argentina

Horacio Verbitsky

 

El pase de militares a Gendarmería es una propuesta del Comando Sur

 

Ante el desbarajuste de la economía creado por la incompetencia gubernativa para aplicar un plan mal concebido, el presidente Maurizio Macrì apela a recursos no tradicionales para el manejo de la situación que cada día es más inquietante: el empleo de la justicia y de las Fuerzas Armadas como instrumentos de control y represión de las dificultades políticas y del conflicto social en ascenso.

Al mismo tiempo que Macrì vetó la ley que moderaba el tarifazo para consumos residenciales y de empresas medianas y pequeñas, los camaristas Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y José Conjetura sostuvieron que el fiscal Natalio A.Nisman fue asesinado y que el crimen fue consecuencia del dictamen en el que acusó a la entonces presidente CFK por encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la DAIA de 1994. También se anunció que era inminente el borroneo de la distinción entre Defensa Nacional y Seguridad Interior que un acuerdo transpartidario plasmó en las leyes respectivas, promulgadas por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Carlos Menem en 1992 y ratificadas por la ley de inteligencia nacional, que Fernando De la Rúa promulgó en 2001, y por el decreto reglamentario de la ley de Defensa Nacional, firmado por Néstor Kirchner y Nilda Garré en 2006.

El fallo de la Cámara Federal fue redactado por José Conjetura, al que adhirieron con sus propios fundamentos Irurzun y Bruglia. Como los peritos (incluyendo los contratados por la viuda de Nisman) concluyeron que no había habido otra persona que Nisman en el baño en el momento de su muerte, los operadores judiciales del gobierno consiguieron que se encargara un nuevo peritaje a la Gendarmería. Tres meses antes de que los gendarmes comenzaran a trabajar, Clarín y La Nación dieron la gran primicia: probaría que Nisman fue asesinado. Esa posverdad fue subiendo paso a paso por la escala judicial, sin responder a la observación formulada por un juez penal de otra jurisdicción: “Para sostener la hipótesis de un homicidio no basta con decir a Nisman lo mataron, hay que dar respuesta al hexaedro de Quintiliano: quién, cómo, dónde, con qué medio, por qué, cuándo. Y en este caso no se sabe nada de eso. Hay que tener una explicación para un homicidio y hasta ahora nadie pudo reconstruir el hecho de manera verosímil”. ¿A quién le importa? Ahora el ex presidente Federico Pinedo pidió el desafuero de Cristina y el tema distraerá la atención durante algunas semanas, asociando el nombre de la ex presidente con un homicidio.

En el caso de las Fuerzas Armadas y la seguridad interior, hasta ahora no hay más que versiones interesadas en medios adictos al gobierno. Lo real es que el Poder Ejecutivo no envía al Congreso un proyecto de ley en ese sentido porque sabe que sus posibilidades de sancionarlo son nulas. Entonces concibió firmar un decreto que derogue el 727/06, de modo que los militares puedan repeler una eventual agresión que no provenga de las Fuerzas Armadas de un país extranjero y de este modo meter por la ventana a los militares en la escena política.

Hace pocos días, el 23 de mayo, la Subcomisión de Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en Washington escuchó los testimonios de tres funcionarios del gobierno de los Estados Unidos especializados en los temas que el gobierno argentino cita para militarizar la seguridad interior. Las audiencias fueron convocadas bajo la genérica apelación al Combate contra las Amenazas del Delito Transnacional. Asistieron los subsecretarios de Estado, del Tesoro y de Seguridad Nacional de drogas, financiamiento del terrorismo y operaciones Internacionales. Cada uno mencionó apenas una vez a la Argentina y todos en relación con la Triple Frontera compartida con Brasil y Paraguay y “áreas fronterizas clave con Bolivia, Colombia y Venezuela”. Richard Glenn dijo que su oficina del Departamento de Estado trabaja en el Cono Sur para combatir las redes transnacionales de distintos tráficos, a los funcionarios corruptos, la actividad de bandas criminales y la violencia. Jennifer Fowler, del Tesoro, afirmó que había reiniciado el diálogo bilateral con la Argentina sobre finanzas ilegales, para mejorar la evaluación de riesgos de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, “corrupción y sanciones a Venezuela”. Raymond Villanueva, de seguridad nacional, mencionó un acuerdo con la Argentina para compartir información y el despliegue de un número impreciso de agentes como parte de la operación Citadel, para identificar y destruir organizaciones criminales transnacionales, como las redes de apoyo a organizaciones de trafico de drogas y terrorismo (20 agentes entre Brasil, República Dominicana, Ecuador, Argentina y el Comando Sur, pero no informa cuántos en cada lugar).

Lo más interesante de la exposición de Glenn fue la admisión del fracaso de todos los esfuerzos previos, que desde hace más de 40 años convergen en la denominada guerra contra las drogas. “Después de años de progresos en combatir el cultivo de coca y la producción de cocaína, Colombia ha vuelto a ser el mayor productor mundial de cocaína y el origen de aproximadamente el 90% de la cocaína secuestrada en los Estados Unidos, de acuerdo con el programa especializado de la DEA. Entre 2013 y 2016, el cultivo de coca en Colombia se incrementó en un 130 por ciento y la producción de cocaína en más del 200%. Esta explosión ha producido un aumento del uso de cocaína y las muertes por sobredosis en los Estados Unidos y amenaza la seguridad interior de Colombia”. Igual que con las recetas económicas del neoliberalismo, el problema es que no se hizo lo suficiente y la propuesta es más de lo mismo. Está claro que ninguno de esos problemas tiene gravedad en la Argentina ni se justifica la actuación militar para enfrentarlos. El jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini, dijo que si se modificara la normativa que lo prohíbe el Ejército podría encarar esas tareas siempre que tuviera equipamiento y preparación. Pasqualini está casado con la hija del mayor Athos Gustavo Renés, condenado a prisión perpetua por su participación en la masacre de Margarita Belén. Su hija María Laura Renés de Pasqualini es activista por la libertad de su padre y demás camaradas condenados por crímenes de lesa humanidad, a quienes considera presos políticos. No se conoce que Pasqualini haya tomado distancia crítica de su suegro ni de las posiciones de su esposa.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com